* Líder de Patria Roja pone en la mira a Tantahuatay, Gold Fields, La Zanja,
Pacasmayo y Newmont.
Después de Conga, el titular de la Región
Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, agita una nueva bandera para exigir el
pago de la deuda social y ambiental de Yanacocha y no embaucar a la
municipalidad provincial con 60 millones de soles para algunas obritas.
Ahora, el líder de Patria Roja, dijo a La
República, que tiene en la mira a Tantahuatay Gold Fields, La Zanja, Pacasmayo
y Yanacocha, en observación y evaluación de cuanto aportaron al desarrollo
sostenible que es diferente al impuesto a la renta, “hemos pedido información a
cuánto ascienden los ingresos de esas empresas pero no me van a dar porque
están blindados por el estado peruano”.
Respecto del levantamiento del estado de
emergencia a tres provincias cajamarquinas, sostuvo que “a un pueblo no se le
puede mantener coaccionado, el derecho a la protesta justa es un derecho
universal, sólo en Siria tenemos problemas graves de ocupación militar”.
Si un proyecto minero –argumenta- tuviera
un conflicto social y Conga encontrara no poder llevarlo a cabo por la falta de
licencia social lo que tiene que hacer el MEM es comunicarle a la población las
razones por las cuales suspende el proyecto y recién uno entiende porque ese proyecto
se ha suspendido, lo que tenemos solo son notas periodísticas.
Santos, exigió que el gobierno central como
el máximo responsable haga conocer cuál es su posición y no se escude en los
sacerdotes que ya cumplieron el papel que se le asignó y está en manos del
Ejecutivo. Los sacerdotes saben que están siendo engañados por la Newmont.
“Conga está dando unos pasos para pasar a
una ofensiva mayor y disimuladamente quedarse, mientras los cajamarquinos
duermen ingresan su maquinaria a la zona provocando y debe salir un documento
formal indicando que la paralización es total y retiro de maquinarias mientras
eso no ocurra la paz social no llegará”, advirtió.
Reveló que el miércoles se reúnen las
organizaciones y si Yanacocha no cumple su palabra con el gobierno de paralizar
definitivamente todas sus maquinarias, “nosotros no nos responsabilizamos de la
reacción del movimiento social, no puedo poner plazos para que se retiren porque
cada palabra que digo lo utilizan para abrir otro proceso de investigación y
denuncias penal-fiscal y me tienen declarando quince días de cada mes”.
