martes, 22 de febrero de 2011

General desacata órdenes del Ministerio del Interior y maneja cambios de oficiales a su antojo


De manera audaz y sin explicaciones de ninguna naturaleza, el General PNP Jorge Iparraguirre Mestanza, jefe de la Décimo Cuarta Dirección Territorial Policial (XIV DIRTERPOL) Cajamarca, ha manejado a su antojo los cambios de oficiales superiores en su jurisdicción sin tener en consideración el cuadro de cambios dispuesto por el Ministerio del Interior, provocando una ola de descontento entre los afectados que puede explotar en cualquier momento en escándalo.
El alto oficial habría infringido flagrantemente la Ley N° 28857, del régimen de personal de la Policía Nacional del Perú, que establece que las asignaciones y reasignaciones en los cargos policiales se producen por disposición del Ministerio del Interior a propuesta del Director General de la Policía Nacional del Perú.
En contraposición Iparraguirre habría eludido la jerarquía de leyes asignando cargos a su capricho a oficiales mediante simples “memorándums”, contraviniendo Resoluciones Directorales dictadas al inicio del presente año por el Director de Recursos Humanos de la PNP.
La República accedió a estos documentos como la Resolución Ministerial 79-2011-IN/PNP que dispone cambios de cargos para comandantes; así como también la Resolución Directoral 02-2011-DIRGEN PNP/DIRRRHUM, para capitanes. Del mismo modo la Resolución Ministerial 78- 2011-IN/PE para Mayores PNP.
Del listado de cambios aparentemente irregulares, se desprende que al comandante Julio Dávila Corrales, le asignó el Estado Mayor, debiéndole corresponder mediante Resolución la Primera Comisaría; al mayor Edgard Maydana Cachicatari, lo colocó en la USE, cuando su destino era Seguridad del Estado; al comandante Carlos Castro Ríos, le asignó OPC, cuando por resolución le corresponde ir a Personal; al capitán Jesús Chávez Morales, lo impuso en la Primera Comisaría, cuando por ley debería estar en la Comisaría de San Marcos.
Igualmente, utilizando su libre albedrío, destinó al capitán Barros Rodríguez, a la sección Tránsito, cuando le correspondía Administración; al comandante Prudencio Púa, le corresponde el Penal, pero lo asigna a Radio Patrulla; al mayor Migdonio Torres Aliaga, la alta directiva del MININTER, lo envía a la comisaría de Baños del Inca, pero le asignó a CEOPOL.
Oficiales afectados por este accionar del general Iparraguirre, que pidieron no ser identificados, confirmaron los cambios “sorprendentes”, atribuyéndolo al hecho que el oficial se siente protegido por el propio ministro del Interior, del cual sería estrecho amigo y provenir de la misma cantera (ex Guardia Republicana).
Mientras esto ocurre internamente en la sede policial, la ciudad de Cajamarca prácticamente está a merced de la delincuencia y son escasos los operativos que se dan cuenta para combatir a narcotraficantes.
En pleno furor del Carnaval los efectivos policiales distraen su trabajo persiguiendo a jóvenes carnavaleros a quienes les decomisan sus globos y tarolas.

En Chota negociaron examen para docentes contratados


No sólo en Chota, sino también en las provincias de San Marcos y San Miguel, integrantes de mafias bien organizadas trataron de sorprender a los profesores que el último domingo rindieron sus exámenes para acceder a un contrato, vendiéndoles las claves falsas de las pruebas, confirmó el director regional de Educación DRE Cajamarca, César Flores Berríos.
Sin embargo, tres profesores que participaban del mismo proceso fueron sorprendidos con las supuestas claves de respuestas del examen que se aplicó en la ciudad de Chota.
Con plagios en los que contenían claves de respuestas supuestamente del examen, fueron sorprendidos los docentes identificados como James Vásquez Quintana, Dilmer Castillo Cerquera, y Pura Yunguy Delgado Quispe.
En el acto fueron arrestados y conducidos a la sede de la Policía Nacional con presencia del representante del Ministerio Público, a fin de iniciar las investigaciones para determinar cómo obtuvieron dichas claves.
En Chota, ayer rindieron examen 963 docentes de los mil cinco educadores que se inscribieron.
Mientras que en las provincias de San Miguel y Jaén el examen fue suspendido por similares irregularidades.
Sobre el particular, el director de la DRE Flores Berríos, dijo a La República, que la fiscalía decomiso las claves que no han coincidido en lo absoluto con las verdaderas, levantándose las actas respectivas.
“En la Región rindieron examen unos 7 mil docentes, porque el director de la UGEL de Jaén no reportó el número exacto de los postulantes y por tanto miembros de la Comisión de Atención de Denuncias y Reclamos –CADER- le iniciarán un proceso de investigación”, reveló el funcionario.