domingo, 28 de junio de 2009

Ecologistas ecuatorianos constatan experiencias en Cajamarca

Una reducida delegación de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía del Ecuador, llegó a esta capital con el expreso fin de constatar in situ la realidad de las inversiones mineras y el impacto en las comunidades, a fin que replicarlas en su país.
Uno de los miembros de esta organización que agrupa a comunidades afectadas por megaproyectos mineros, identificado como Fernando Mejía Reynoso, dijo que “Hemos venido para conversar con comunidades que han sido afectadas en la salud, en lo ambiental y social, pues en el Ecuador vamos a entrar en la industria minera que el gobierno del presidente Rafael Correa ha impulsado y dado luz verde al capital transnacional minero”.
El directivo, añadió, que existen proyectos de cobre, oro y plata, listos a ser montados, por eso consideran positivo conocer de fuente directa cuales con los impactos reales, porque siempre han escuchado comentarios indirectos.
En tal sentido, durante su corta estancia de cinco días, aprovecharon para visitar Choropampa, centro poblado, donde el 2 de junio del 2000, el derrame de 151 kilos de mercurio, impactó en la salud de la población, que aún hoy sufre las secuelas.
Volviendo a la realidad del hermano país, en tono preocupado, sostuvo que el 20% de las tierras está concesionado a la minería; “por ahora hay cuatro proyectos, específicamente de oro y cobre, están en el sur, en las provincia de Azuay y Morona - Santiago, son cuatro proyectos que los quiere impulsar de inmediato (Correa), ha pasado el estudio de factibilidad, y están para la explotación, lo que pasa que se han paralizado los proyectos porque las comunidades están radicalmente en contra”,
Todas las concesiones –precisó- son ilegales y sin consultas, pese a que hay la ley de ambiente y minería, que dice que hay consultar previamente con las comunidades, mostrando un estudio de impacto ambiental, y sin embargo no se cumple ninguna de las dos.

JNE convoca a consulta de revocatoria para el 15 de noviembre

El Jurado Nacional de Elecciones convocó a consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales para el domingo 15 de noviembre de 2009 en 69 circunscripciones distritales del país, distribuidas en 20 departamentos entre los que se encuentra Cajamarca.
En este proceso -convocado mediante Resolución N° 440-2009-JNE- la población podrá votar para destituir de sus cargos a 68 alcaldes y 262 regidores, es decir, un total de 330 autoridades municipales, o decidir que continúen en funciones.
En los 69 distritos del país participarán aproximadamente 155 mil electores hábiles, faltando aún el cierre del padrón electoral.
Según el Infogob (Observatorio para la gobernabilidad del JNE), en Lima Provincias se efectuarán más consultas de revocatoria (11 distritos), seguido por Ancash (7), Huancavelica (7), Cajamarca (5), Puno (5), entre otras.
Por último, el ente rector del Sistema Electoral puso en conocimiento de la Presidencia del Consejo de Ministros, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Reniec la convocatoria para los fines consiguientes.

Priorizarán proyectos de impacto regional para Cajamarca

El último fin de semana, en el auditorio del Gobierno Regional Cajamarca, se cumplió con el Taller Regional de Priorización de Proyectos, teniendo como objetivo exponer, debatir y priorizar los proyectos de impacto regional.
Este evento estuvo dirigido por el presidente regional, Jesús Coronel Salirrosas, y contó con la participación de los Consejeros Regionales, integrantes del Consejo de Coordinación Regional de Cajamarca (CCR), además del equipo técnico del proceso de presupuesto participativo regional 2010, funcionarios de la sede regional y representantes de la sociedad civil.
Ahí, se expusieron los criterios que se deben de tener en cuenta para poder priorizar los proyectos de impacto regional, según la normatividad vigente así como los acuerdos arribados en la última reunión del CCR.
A la cita asistieron los alcaldes provinciales de nuestra región, así como a los representantes de la sociedad civil integrantes del CCR.
Cabe recordar que el Presupuesto Participativo es un instrumento de política y gestión, a través del cual las autoridades de los gobiernos regionales y locales junto con representantes de la sociedad civil, definen la asignación de los recursos de inversión. Es decir, definen cómo y a qué se orientarán los recursos de inversión a nivel regional y local, teniendo en cuenta los Objetivos del Plan de Desarrollo Concertado.