martes, 11 de septiembre de 2012

Poca presencia del Estado es caldo de cultivo para protestas sociales


* Congresista presenta proyecto de ley para crear Instituto Nacional de Certificación Ambiental.

Reconociendo que el país vive un clima constante de protestas acompañado muchas veces de violencia, generando un descontento que provoca el 43% de conflictos sociales de tipo socio ambiental, el congresista Joaquín Ramírez Gamarra, ha presentado un proyecto de ley que busca declarar de interés nacional y de necesidad pública la creación del Instituto Nacional de Certificación Ambiental para la Evaluación del Impacto Ambiental de proyectos de inversión público, privado.

“Será un organismo público descentralizado adscrito al Ministerio del Ambiente y tendrá persona jurídica de derecho público además de gozar de autonomía técnica, económica, presupuestaria y administrativa bajo el régimen laboral privado”, explicó Ramírez.
Argumentó, además, que los conflictos sociales nos generan inestabilidad social, pérdidas económicas, encarecimiento de productos básicos en la canasta familiar, daños y destrucción a la propiedad pública y privada, contribuye al incremento de la inseguridad ciudadana, desincentivos al turismo interno y externo y fomento del vandalismo, el pillaje y robos. Los proyectos de inversión público, privado y público-privado al no contar con licencia social ambiental no pueden desarrollarse y terminan en su cancelación.
Según los datos de la Defensoría del Pueblo desde el año 2004 hasta septiembre de año 2011 se han  registraron en el Perú 694 conflictos sociales. Solo en el año 2010, hubo 362 conflictos sociales. Los departamentos en la que se registran el mayor porcentaje de los conflictos sociales son Ancash, con 32, Puno 31, Lima 28, Cusco 26, Cajamarca 24 y Piura 23 conflictos sociales.
Los territorios donde se presentan mayor número de estos conflictos suceden en regiones con mayor potencial minero y recursos naturales (Ancash, Cajamarca, Cusco, Piura y Puno) pero a su vez donde el Estado no ha mantenido una presencia significativa en la dotación de los servicios básicos así como la infraestructura económica y social producto de políticas públicas de carácter centralista.
Estos conflictos sociales expresan -no solamente- la necesidad que el Estado ejerza su rol redistributivo, sino que exigen que el Estado ejerza de modo claro y contundente su papel de regulador ambiental, expresan la abierta necesidad de reformular la política ambiental en el país.