En la primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación, el Congresista Jorge Rimarachín Cabrera, miembro titular de la Comisión de Educación (GP- Gana Perú), solicito que el Presidente de la comisión remita a los directivos portavoces de todas los grupos parlamentarios, para que aparten de este órgano congresal a los legisladores que tienen participación de carácter empresarial o societario en universidades privadas.
“Aquí todos sabemos quiénes son, pero además desearía que sean ellos mismos quienes se aparten voluntariamente de la comisión para que no se empañe las tareas de fiscalización de esta comisión”, enfatizó; identificando a José Luis Elías Dávalos de Ica, quien es Presidente Fundador y Director Ejecutivo de la Universidad Privada San Juan Bautista, el Congresista Acuña Núñez, representante de La Libertad, hijo del propietario y fundador de la Universidad Privada Cesar Vallejo, que tiene sedes en la ciudad de Trujillo y en varias ciudades del país, incluso en Lima.
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Rimarachin, cuestionó que la presencia de personas que representan los intereses privados en la educación universitaria, atenta contra una de las funciones esenciales de las comisiones ordinarias, el de la fiscalización, en este caso respecto de las universidades que hoy se encuentran muy cuestionadas por el cobro de altas pensiones, que no reflejan la calidad de la enseñanza que se imparte y la casi nula infraestructura que tienen.
Señaló que la tarea de fiscalización que está obligado desarrollar la Comisión de Educación no debe estar contaminada por congresistas que no serán imparciales ni objetivos por los intereses empresariales que naturalmente defienden. Necesitamos que la población vea a este nuevo congreso comprometido con la defensa de sus intereses, para ello, es imprescindible el comportamiento transparente y ético del nuevo congresista.
No podemos aceptar que exista la sospecha de que viene al Congreso a patrocinar intereses privados propios o de terceros, ingresando en el ámbito de lo que se conoce como conflicto de intereses, indicó. Además es bueno recordar que la función del congresista es a tiempo completo y, es incompatible con el desarrollo de actividades empresariales, sobre todo cuando se prestan servicios públicos como es el caso de la educación. Ese es el sentido del mandato del artículo 92 de la Constitución del Estado y los artículos 19 y 20 del Reglamento del Estado.
