La consultora del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), Giselle Huamaní, afirmó que la licencia social que el Estado exige a las empresas mineras es puro papeles y ese es una de las causas de los conflictos sociales que sacude el país.
“Hay políticas que tienen los procesos administrativos técnicos normativos para que se apliquen de determinada manera, esa forma el cual el criterio político gobierna la resolución de los conflictos y no el criterio técnico, que es el resultado donde deben participar todos los actores, vemos que muchas veces no se da ese tipo de participación, el resultado de estos acuerdos no responde a los intereses de los actores”, subrayó.
Cuando un tercero interviene –agregó la experta- en un conflicto debe visibilizar los intereses y diferentes agendas, discutir cuales son las que van a estar en el proceso de negociación, el problema es que tenemos muchas veces agendas visibles y otras ocultas, hay dificultades, para saber quiénes están participando en un proceso y cuáles son sus necesidades básicas.
La consultora, recordó que las licencias sociales son una aprobación formal, es un reflejo de la credibilidad y legitimidad que tienen determinados proyectos con la población, “hay veces que uno puede tener un documento firmado por la mayoría de la población, pero tiene la confianza de los diferentes actores como una apuesta en la cual las comunidades piensan que es para beneficio mutuo de los diferentes actores”.
El proyecto de Conflictos Socio Ambientales, iniciativa del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), con el auspicio de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI), realizó en Cajamarca, el II Taller para Periodistas ¿Cómo deberían abordar los gobiernos nacional y regional los conflictos socio-ambientales?, que contó con una buena cantidad de participantes.
