La alegría desbordante que normalmente acompaña estas fiestas de fin de años, apenas termine, se trastocará en preocupación para cerca de un millar de trabajadores, tanto de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, como del Gobierno Regional, cuando se hayan terminado sus contratos que los vincula a ambas entidades.
En el primer caso, desde el instante que Ramiro Bardales Vigo, era conocido como alcalde electo de la provincia, y entendiendo que sus contratos vencen el 31 de diciembre, por menos unos 600 ediles que laboran bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), contrato indeterminado o servicios no personales, automáticamente no ingresarán al municipio a partir del 2 de enero, al no encontrar sus tarjetas de asistencia que serán retiradas.
Desorientados, un grupo de trabajadores se acercó a La República, pidiendo apoyo en la difusión de sus demandas a efectos que Bardales Vigo, se pronuncie sobres sus casos y la tranquilidad retorne a sus hogares.
“Somos gente con muchos años de servicio, pero por las leyes de este gobierno, no tenemos protección laboral, y pueden dejarnos en la calle en cualquier momento, y no tendremos como mantener nuestros hogares”, dijo uno vocero de ellos.
Agregó, que esperan un trato justo y humano, pues han circulado rumores que no se les renovará sus contratos para que ingresen la gente de confianza del nuevo alcalde que lo acompañó en la campaña.
De darse este caso –advirtieron- darán una lucha sin cuartel llegando incluso al Poder Judicial, para defender su trabajo.
Mientras esta situación se presentaba en el gobierno local, en la otra orilla, el presidente regional electo Gregorio Santos Guerrero, fiel a su prédica de defensa de la clase trabajadora que desde siempre enarboló Patria Roja, si bien aseguró que los contratados de ese aparato estatal no serán despedidos, anunció que se procederá a una evaluación para “contar con los mejores cuadros” y cada quien ocupe el lugar en mérito a su capacidad.
