En una llamada “Declaración de San Marcos”, rubricada al final de la jornada de dos días -25 y 26 de junio- realizada en la provincia del mismo nombre, varios Frentes de Defensa, acordaron entre otros tantos puntos solicitar al gobierno central la suspensión de toda actividad minera en la región que afecte las cabeceras de cuenca y ponen en riesgo el medio ambiente.
“Promovemos que esta II Asamblea Interprovincial se constituya en un espacio de reflexión democrática, de intercambio de opiniones, así como de unidad entre quienes luchamos por nuestros derechos; por el agua y la tierra; por la soberanía alimentaria y un nuevo orden societario en armonía con la naturaleza en el que se garantice la justicia y equidad”, se aprecia en el extenso documento.
Justifican que desde tiempos ancestrales en nuestros territorios se conserva la biodiversidad; se ha vivido en concordancia con la naturaleza, pues hace más de 500 años atrás, esta realidad fue alterada por un puñado de hombres que vinieron más allá de los mares de occidente y saciando su ambición de riqueza ocuparon nuestros territorios e iniciaron el saqueo de la naturaleza dejando muerte, destrucción, contaminación y enfermedades.
Advierten que el pueblo se levanta para defenderse y defender sus derechos convirtiendo parte de nuestro territorio en zonas de resistencia, de lucha, de propuestas, recibiendo como respuesta, la criminalización de las protestas sociales; persecución y muerte de sus dirigentes y mejores hijos del pueblo.
Luego del debate, acordaron demandar al Gobierno Central, el reconocimiento y pleno cumplimiento de sus derechos; a la consulta consentimiento previo para decidir el destino de los territorios en estricta aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derecho de los Pueblos.
Rechazan la criminalización de la protesta social; tanto como la conducta del Estado y sus gobernantes que primero reprime al pueblo; genera muertos y heridos y, luego, atiende los reclamos del mismo; exiendo la derogatoria de las normas que criminalizan la protesta.
Finalmente exigen respeto a la propuesta de Zonificación Económica y Ecológica (ZEE) regional, con la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para impulsar las actividades productivas estratégicas como la agricultura, ganadería, agro industria; ecoturismo, reforestación, entre otras; al igual que la formación de una comisión de la verdad para investigar los impactos mineros en lo ambiental, laboral y social, en Cajamarca.
