El cambio normativo del nuevo modelo procesal penal por sí solo no necesariamente significa una transformación del sistema de justicia, lo fundamental es un cambio de mentalidad en la forma de actuar, de los paradigmas de nuestra actuación funcional, es asumir el reto, es una reafirmación de la democracia, y si se analiza lo que ha pasado en el país estos últimos años, podemos darnos cuenta que este modelo procesal garantista, viene a hacer una reafirmación nítida del sistema democrático, sustentó el ex fiscal supremo, Avelino Guillén Jáuregui.
Conceptuoso, el ex fiscal que acusó a Alberto Fujimori, sostuvo que para el Ministerio Público la puesta en vigencia de este nuevo modelo que emerge de la estructura de la Constitución de 1993, es un mecanismo de resolución de conflictos generados por los delitos, cuando en una sociedad determinada una persona comete un hecho delictivo, vulnera un bien jurídico, genera un conflicto en la sociedad y pone en peligro una convivencia en una comunidad.
En esa línea, precisó que el rol del proceso penal es buscar solucionar estos problemas, es un instrumento al servicio de la colectividad, de las víctimas y de los procesados, y debe ser entendido como un mecanismo al servicio de la comunidad.
“El proceso penal –ahondó- busca lograr el normal desenvolvimiento de las relaciones sociales e individuales entre las personas que la comunidad, es alcanzar la paz social, pues sin ella no existe posibilidad de desarrollo y acceso a la justicia en nuestro país. La constitución política de 1993 siguiendo el mandato establecido de la Constitución de 1979 se ha adelantado por un modelo de Estado social, democrático y de derecho, donde toda actuación estatal debe estar en consonancia de la Constitución y en la existencia de mecanismos que la aseguren.
