Una reducida delegación de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía del Ecuador, llegó a esta capital con el expreso fin de constatar in situ la realidad de las inversiones mineras y el impacto en las comunidades, a fin que replicarlas en su país.Uno de los miembros de esta organización que agrupa a comunidades afectadas por megaproyectos mineros, identificado como Fernando Mejía Reynoso, dijo que “Hemos venido para conversar con comunidades que han sido afectadas en la salud, en lo ambiental y social, pues en el Ecuador vamos a entrar en la industria minera que el gobierno del presidente Rafael Correa ha impulsado y dado luz verde al capital transnacional minero”.
El directivo, añadió, que existen proyectos de cobre, oro y plata, listos a ser montados, por eso consideran positivo conocer de fuente directa cuales con los impactos reales, porque siempre han escuchado comentarios indirectos.
En tal sentido, durante su corta estancia de cinco días, aprovecharon para visitar Choropampa, centro poblado, donde el 2 de junio del 2000, el derrame de 151 kilos de mercurio, impactó en la salud de la población, que aún hoy sufre las secuelas.
Volviendo a la realidad del hermano país, en tono preocupado, sostuvo que el 20% de las tierras está concesionado a la minería; “por ahora hay cuatro proyectos, específicamente de oro y cobre, están en el sur, en las provincia de Azuay y Morona - Santiago, son cuatro proyectos que los quiere impulsar de inmediato (Correa), ha pasado el estudio de factibilidad, y están para la explotación, lo que pasa que se han paralizado los proyectos porque las comunidades están radicalmente en contra”,
Todas las concesiones –precisó- son ilegales y sin consultas, pese a que hay la ley de ambiente y minería, que dice que hay consultar previamente con las comunidades, mostrando un estudio de impacto ambiental, y sin embargo no se cumple ninguna de las dos.
