El vicepresidente de Newmont Mining Corporation para las operaciones en Sudamérica, Carlos Santa Cruz Bendezú, explicó que para el sostenimiento efectivo del gravamen acordado con las empresas mineras y para contribuir a atender la inclusión social, se deberá ejecutar la cartera de inversiones previstas e incrementar la producción.
Santa Cruz, sostuvo que ha sido un buen paso del nuevo gobierno haber logrado, a través del diálogo y la concertación, el acuerdo alcanzado -con la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE)- para la aplicación del gravamen a las utilidades operativas de las empresas que también incluye aquellas que gozan de acuerdos de estabilidad tributaria, esto con el compromiso de respetar escrupulosamente los contratos, “lo cual es una señal positiva para los mercados externos que son muy sensible con este tema”.
Indicó que los montos que se van a recaudar –relacionados con los márgenes de ganancias de las empresas- ahora forman parte de un esquema más “simplificado, transparente y racional” tan como se aplica en otros países como Chile.
Dijo que es “coyuntural” el tema de los impuestos y sus montos (estimado en S/. 3 mil millones anuales) ya que están relacionados con la fluctuación del precio internacional de los metales y precisamente para asegurar su sostenibilidad es fundamental desarrollar nuevos proyectos e incrementar la producción minera: de esta manera no dependerá de la variabilidad de los precios internacionales que desde hace un tiempo se mantienen altos y así podría durar varios años o, al contrario, podrían caer.
Al respecto, el líder de Tierra y Libertad, Marco Arana, recientemente sostuvo que el nuevo gobierno debería imponer una moratoria para los proyectos de inversión minera hasta que no se tenga certidumbre sobre el respeto al medio ambiente y la responsabilidad social. Santa Cruz dijo que, al contrario, es saludable la posición de la administración Humala de promover la cartera de inversiones y la producción respetando, sobre la marcha, la viabilidad medio ambiental y social.
“Seria incongruente congelar los proyectos mineros si se quiere mantener una recaudación adicional tal como ha dispuesto el nuevo gobierno”, anotó.
Más adelante el directivo de Newmont Sudamérica reconoció que independientemente del activismo de aquellos grupos que siempre se oponen a las inversiones mineras, las empresas generalmente no son buenas comunicadoras con las comunidades sobre las bondades de la industria, sin embargo no son desaprensivas con la necesidad de mejorar las condiciones de vida del 30% de la población peruana sumida en la pobreza, parte del la cual precisamente vive en zonas donde existen proyectos mineros.
Explicó que el país tiene una cartera de proyectos mineros ascendiente a US$ 50 mil millones– era US$ 40 mil millones hace un año pero el valor se incrementó debido a la extraordinaria demanda mundial de minerales- en tanto existe una ventana temporal de tiempo en la economía mundial para su concreción, ad portas a una nueva crisis financiera mundial que podría ser peor que aquella de hace tres años, en consecuencia, es muy importante “tomar decisiones rápidas” para no perder estas oportunidades.
