Reconociendo que el país vive un clima constante de protestas acompañado
muchas veces de violencia, generando un descontento que provoca el 43% de
conflictos sociales de tipo socio ambiental, el congresista Joaquín Ramírez
Gamarra, ha presentado un proyecto de ley que busca declarar de interés
nacional y de necesidad pública la creación del Instituto Nacional de
Certificación Ambiental para la Evaluación del Impacto Ambiental de proyectos
de inversión público, privado.
“Será un organismo público descentralizado adscrito al Ministerio del
Ambiente y tendrá persona jurídica de derecho público además de gozar de
autonomía técnica, económica, presupuestaria y administrativa bajo el régimen
laboral privado”, explicó Ramírez.
Argumentó, además, que los conflictos sociales nos generan inestabilidad
social, pérdidas económicas, encarecimiento de productos básicos en la canasta
familiar, daños y destrucción a la propiedad pública y privada, contribuye al incremento
de la inseguridad ciudadana, desincentivos al turismo interno y externo y
fomento del vandalismo, el pillaje y robos. Los proyectos de inversión público,
privado y público-privado al no contar con licencia social ambiental no pueden
desarrollarse y terminan en su cancelación.
Según los datos de la Defensoría del Pueblo desde el año 2004 hasta
septiembre de año 2011 se han registraron en el Perú 694 conflictos
sociales. Solo en el año 2010, hubo 362 conflictos sociales. Los departamentos
en la que se registran el mayor porcentaje de los conflictos sociales son
Ancash, con 32, Puno 31, Lima 28, Cusco 26, Cajamarca 24 y Piura 23 conflictos
sociales.
Los territorios donde se presentan mayor número de estos
conflictos suceden en regiones con mayor potencial minero y recursos naturales
(Ancash, Cajamarca, Cusco, Piura y Puno) pero a su vez donde el Estado no ha
mantenido una presencia significativa en la dotación de los servicios básicos
así como la infraestructura económica y social producto de políticas públicas
de carácter centralista.
Estos conflictos sociales expresan -no solamente- la
necesidad que el Estado ejerza su rol redistributivo, sino que exigen que el
Estado ejerza de modo claro y contundente su papel de regulador ambiental,
expresan la abierta necesidad de reformular la política ambiental en el país.
